Lo reconoció el fiscal de la unidad anticorrupción que conformó la procuración general de la provincia, Héctor Iturrióz, en diálogo con Radio Chubut.

El funcionario judicial admitió que se requirió información de registros públicos, escribanías e inmobiliarias de puntos distantes entre si como la ciudad autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, «provincias meditarráneas» que al parecer son Córdoba y Tucumán, además de diligencias similares que se practicaron en Bariloche.
«Tenemos la presunción que el dinero que se obtuvo de manera ilícita debió ser invertido en bienes inmuebles por el volúmen de plata que recibían y por eso se hicieron los requerimientos» explicó.
El foco está puesto en la llamada «Lista de Luthers» donde aparecen montos de dinero de dudoso origen destinados a políticos, funcionarios, periodistas y dirigentes sindicales; en números que llegan al millón de pesos mensuales que son hasta difíciles de gastar, salvo que rápidamente se inviertan en inmuebles.
Iturrióz sostuvo que las causas que están investigando entraron en una etapa de «amesetamiento», sin grandes operativos como los que se vivieron desde principios marzo, cuando detuvieron en plena vía pública al ex subsecretario de la unidad gobernador, Diego Correa, momento desde el cual comenzó una lluvia de procedimientos que sorprendieron a la opinión pública.
Sin embargo el fiscal «no descartó» que pueda haber alguna otra diligencia que no confirmaría porque sería como avisarle a los sospechados, pero aprovechó para aclarar que ellos tienen la lupa puesta en la figura de «entorpecimiento de la investigación», una de las causales por las que se da la prisión preventiva.
Ocurre que muchos de los detenidos se quejan bajo el concepto de «porqué estoy yo y no aquel otro», y eso ocurre porque en algunos de los detenidos se constató que intentaron entorpercer la investigación ya sea haciendo desaparecer documentación o ejerciendo algún tipo de presión sobre quienes puedan aportar datos.
Tampoco descartó que se abran más causas porque son tantas figuras de ilícitos que surgen de la documentación obrante que es conveniente desdoblarlos para hacer más efectiva la investigación.
Héctor Iturrióz confirmó además que este viernes se realizará la audiencia para analizar el pedido que realizaron los diputados Gabriela Dufour, Blas Mesa Evans y Alejandra Marcilla para presentarse como querellantes con el patrocinio de los abogados Hugo Arnaldo Barone y Alfredo Pérez Galimberti.
Por lo que dejó entrever el fiscal, ellos no se opondrán al pedido, toda vez que cumplirían con los requisitos establecidos teniendo en cuenta que fueron los que originaron la denuncia por sobreprecios en la compra de materiales para los inundados que se transformó en la «causa madre» de todas las demás.